El referéndum, para derogar o no artículos de la Ley de Urgente Consideración, indica si Uruguay conservará herramientas estatales que lo posicionan como uno de los países más progresistas en materia económica y social de la región.
La Ley de Urgente Consideración, clave para el presidente Lacalle Pou, generó modificaciones en varias áreas, entre ellas la educación, la seguridad, el derecho de huelga, las empresas públicas y las transacciones en efectivo.
Un total de 135 artículos de una ley central para la administración del presidente Luis Lacalle Pou son puestos hoy en debate en Uruguay, en un referendo con pronóstico de resultado ajustado que, además del futuro mismo de la iniciativa, aireará o erosionará lo que queda del mandato del Ejecutivo y marcará al menos parte de la estrategia futura de la oposición.
La Ley de Urgente Consideración (LUC), de 476 artículos y aprobada por el oficialismo en el Congreso en plazos muy cortos, generó modificaciones en varias áreas, entre ellas la educación, la seguridad, el derecho de huelga, las empresas públicas y las transacciones en efectivo.
En los cuartos oscuros habrá boletas rosadas con el Sí a favor de derogar los artículos cuestionados y papeletas celestes con el No, favorables a mantener la LUC como está.
Las últimas encuestas preanuncian un resultado muy apretado, con una leve ventaja para el No, aunque con un número importante de indecisos, claves en las horas finales. Un triunfo del No significará, sin dudas, un espaldarazo para el Gobierno, que hasta quizás pueda animarse a impulsar otras reformas centrales en la estructura del Estado.
Aunque públicamente dirigentes y funcionarios de uno y otro lado dejaban en claro que no se trataba de una consulta de medio término sobre la gestión de Lacalle Pou, a nadie pareció escaparle que el resultado encerrará algo de eso.
La LUC fue sancionada el 8 de julio de 2020 en el Congreso, con 476 artículos, aunque había ingresado con 501.
Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que «afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», establece la figura de la «apariencia delictiva» y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.
Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.
