Buscan derogar una ley que criminaliza a las madres protectoras de niñas y niños abusados

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La diputada Mónica Macha, que presentó el proyecto para derogar la ley, aseguró en diálogo con Télam que la normativa «se utiliza para castigar a las madres que llevan adelante denuncias de abuso sexual en defensa de sus hijes, con la consecuencia de que ellas terminan privadas de su libertad y el niño revinculado forzosamente con el adulto que lo abusó».

Legisladoras, madres protectoras y organizaciones que luchan contra la violencia sexual a niñas y niños presentaron un proyecto para derogar la ley de Impedimento de Contacto vigente desde 1993, por considerar que se utiliza para criminalizar a quienes acompañan a las víctimas en sus denuncias de abuso intrafamiliar y ordenar revinculaciones forzadas con los agresores.

«Esta ley se utiliza para castigar a las madres protectoras que llevan adelante denuncias de abuso sexual en defensa de sus hijes, con la consecuencia de que ellas terminan privadas de su libertad y el niño revinculado forzosamente con el adulto que lo abusó», dijo a Télam la diputada Mónica Macha, que presentó el proyecto.

Daniela Dosso, madre protectora e impulsora de la campaña «Alerta por Martín», explicó que en muchas ocasiones la imputación del delito de «impedimento de contacto» por parte de una expareja «logra poner al victimario a la par de la mujer que lo denunció, que lo único que quiere es proteger al hijo».

Cuando a una denuncia de abuso sucede una contradenuncia por impedimento de contacto y la Justicia ordena el restablecimiento del régimen de visitas, algunos jueces y juezas suelen basar su decisión en el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), un constructo desestimado por la Organización Mundial de la Salud y el manual DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría.

Además, contra el SAP se expresó de manera contundente la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y 85 referentes en temas de infancia.

«Frente a las denuncias de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, una parte importante del Poder Judicial procede de formas que resultan en el encubrimiento de ese abuso», dijo Macha, quien remarcó que «se aplica el inexistente SAP -que no tiene basamento científico ni psiquiátrico- y se recurre al argumento de ‘implantación de falsas memorias'».

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