Por Lorena Massaccesi (*)
El despido justificado, una figura contemplada en la legislación laboral, constituye la terminación del contrato de trabajo por una de las partes debido a un incumplimiento grave por parte de la otra. Este tipo de despido puede ser iniciado tanto por el empleador como por el trabajador, siendo este último caso conocido como despido indirecto.
Para que el despido justificado sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, la causa invocada para la terminación del contrato debe ser proporcionada y estar relacionada con la gravedad del incumplimiento. Además, la decisión de despedir debe ser contemporánea al conocimiento del incumplimiento y ser tomada después de un análisis razonable de su gravedad.
Es importante destacar que el concepto de despido justificado es flexible y genérico, debiendo ser evaluado en función de las circunstancias específicas de cada caso. En situaciones de discrepancia entre las partes, será el juez o tribunal laboral quien determine si se han cumplido los criterios establecidos para el despido justificado.
Algunas pautas prácticas a tener en cuenta son que ciertos incumplimientos, aunque individualmente no justifiquen el despido, pueden configurar una conducta injuriosa si se repiten con frecuencia. Asimismo, un solo hecho grave, como la agresión física a un superior o el faltante de caja no justificado, puede ser motivo suficiente para el despido.
La comunicación del despido, ya sea por parte del empleador o del trabajador, debe realizarse por escrito y expresar claramente los motivos que lo fundamentan, según lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, la liquidación final del trabajador despedido incluirá los salarios devengados hasta la fecha de notificación del despido, así como la indemnización correspondiente por vacaciones.
En conclusión, el despido justificado es una medida que debe tomarse con seriedad y fundamentarse en incumplimientos graves por parte de una de las partes del contrato laboral. Su aplicación requiere un análisis cuidadoso de cada situación y el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.
(*) Abogada de la UNLP, Especialista en Derecho Laboral.
