Durante una sesión que comenzó este lunes 14 de julio, pasó a cuarto intermedio, y fue retomada este miércoles 16 de julio, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza impulsado por el Interbloque de Concejales del Peronismo, que autoriza e insta al Intendente Ramiro Egüen a firmar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, un Convenio de Cooperación Institucional con el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de restituir la Ayudantía Fiscal en el distrito.
La iniciativa establece que una vez suscripto, el convenio deberá ser remitido al Concejo Deliberante para su convalidación, asegurando de esta manera que ningún intendente pueda volver a decidir por decreto sobre la continuidad o eliminación de servicios públicos esenciales, como el acceso a la justicia.
Asimismo, los concejales peronistas reconocieron el contrato con la Asociación del Hogar de Niños, destacando el compromiso de esta institución que, durante años, cedió un inmueble para fines judiciales sin percibir contraprestación en concepto de alquiler.
«A pesar de la importancia institucional y comunitaria de ambas decisiones, los concejales del oficialismo votaron en contra de la ordenanza, dando la espalda a la comunidad y optando por defender el accionar unilateral y mezquino del Intendente Egüen, quien rescindió sin explicaciones un convenio vigente desde 2013 que garantizaba la presencia de la Ayudantía Fiscal en 25 de Mayo», expresaron los ediles de la oposición.
Asimismo, remarcaron que “el Concejo Deliberante es el órgano contralor y el último resguardo que tienen los vecinos frente a un intendente que gobierna de forma soberbia y autoritaria”.
“Nos preguntamos por qué debemos votar para volver a firmar un convenio que ya existía y funcionaba correctamente. ¿Por qué se eliminó sin motivo? ¿Con qué criterio se deja a una comunidad sin acceso directo a la justicia?”, cuestionaron.
Por último, aclararon que «la ordenanza aprobada no sólo exige la firma de un nuevo convenio, sino que establece un marco institucional que impide que futuras gestiones repitan este tipo de decisiones unilaterales, resguardando los derechos adquiridos de la ciudadanía y protegiendo los servicios públicos esenciales».
