El Senado de la Nación debate este jueves 26 de febrero una reforma a la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, en una sesión que incluye además otros temas económicos y diplomáticos. El tratamiento del proyecto volvió a instalar en la agenda pública la discusión sobre los límites entre la protección ambiental y el desarrollo de actividades productivas.
La iniciativa en análisis propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente, especialmente en lo referido a la delimitación de las áreas protegidas. Uno de los puntos más controvertidos es la redefinición del concepto de ambiente periglaciar, lo que podría habilitar emprendimientos mineros y de infraestructura en zonas que hoy cuentan con mayores restricciones.
Desde el oficialismo sostienen que los cambios buscan dar mayor previsibilidad a las inversiones y a las provincias cordilleranas, sin eliminar la protección de los cuerpos de hielo inventariados. Argumentan que la redacción actual genera superposiciones técnicas y trabas administrativas que impactan en proyectos productivos.
En contraposición, bloques opositores y organizaciones ambientalistas advierten que la reforma implica un retroceso en materia de protección ambiental. Señalan que la ley vigente fue sancionada para resguardar reservas estratégicas de agua dulce y que cualquier flexibilización podría afectar ecosistemas sensibles en el contexto del cambio climático.
Durante la jornada se registraron concentraciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde distintos sectores expresaron su postura frente al debate. El resultado de la votación dependerá de acuerdos entre bloques, en un escenario de paridad ajustada.Si el proyecto obtiene media sanción, deberá continuar su trámite legislativo en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
