Los dirigentes rurales del entorno de la Mesa de Enlace buscan extender los beneficios logrados con el programa «dólar soja». El próximo paso sería reclamar un dólar de $200 para el maíz.
El gobierno celebró este fin de semana el resultado de los primeros cinco días de vigencia del régimen de dólar diferencial para las exportaciones de soja y sus derivados (el llamado «dólar soja»), que le permitió al Banco Central ingresar u$s 1650 millones sólo por ese programa.
La medida anunciada por Sergio Massa a principios de septiembre impulsó a los productores que retenían la soja especulando con el precio, a empezar a vender los granos a un ritmo de 500 mil toneladas diarias, que multiplica por 5 el promedio verificado en agosto. Pero el beneficio de la cotización de 200 pesos por dólar exportado rige sólo para el complejo sojero y exclusivamente por el período iniciado en esta semana que pasó hasta el 30 de septiembre. Nadie puede garantizar qué pasará después del cierre del mes, pero hay razones para adelantar que se avecina un panorama conflictivo detrás de la voracidad de los dueños de las explotaciones más concentradas, expresó el periodista especializado en Economía, Raúl Dellatorre, en una nota de Página 12.
Pero lo que hoy se celebra por la recuperación de reservas internacionales a consecuencia de las liquidaciones de exportaciones de soja, podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza. ¿Y si los grandes productores repitieran, a partir de octubre, las políticas de presión sobre los precios que ya ejercieron con la soja, pero ahora con el maíz?
Un elemento relevante en el futuro panorama es que la relación entre las firmas exportadoras de granos y el bloque de productores agropecuarios más poderosos, representados en la Mesa de Enlace, quedó dañada a raíz de la política de negarse a vender la soja, y los costos que le provocó a la industria molinera y extrusora esa política.
Un reciente informe de Ciara-CEC, las cámaras que nuclean a exportadores de cereales y a la industria aceitera y molinera, señala que «el productor vendió menos soja en esta campaña por varios motivos, uno de ellos es porque vendió el 99% del trigo, el 72% del maíz y 71% del girasol. El productor hizo caja con estos tres productos y retuvo la soja como reserva de valor (…). Quedan por vender y por fijar precio 22,9 millones de toneladas de soja. En maíz son 12,3 millones de toneladas sin vender y sin fijar precio».
Esta fotografía del sector, que grafica la situación a pocos días del cierre de agosto, sólo se modificó por la venta de dos millones de toneladas de soja (de las 22,9 millones allí referidas) y casi nada de maíz. No son pocos los que ven detrás de estas cifras la clave de lo que puede suceder después del 30 de septiembre.
Endulzado por el extraordinario premio obtenido con el dólar soja, ¿por qué no habrían de repetir los grandes productores la maniobra de retención del grano para provocar un premio similar al obtenido por los sojeros? Esto es, un dólar diferencial (doscientos pesos, ¿o más?) que se traduzca en una mejora del 30 al 40 por ciento en el precio en pesos que recibiría el productor de maíz, como esta semana sucedió con el de soja que aún no había vendido su cosecha.
En ese caso, el conflicto para el gobierno y la capacidad de resistirse a tal presión no dependería ya de la necesidad de los dólares provenientes de las exportaciones, sino del mucho más delicado riesgo de desabastecimiento interno de maíz, materia prima esencial para la industria de la alimentación. Tan sólo pensar en el impacto inflacionario que provocaría la escasez de maíz para la molinería y la industria aceitera por unas pocas semanas, puede dar dimensión del potencial conflicto.
La mirada oficial
Ajeno a estas amenazas, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, destacó este domingo que el Programa de Incremento Exportador que establece un cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero durante septiembre fue «un éxito», que «en tan solo una semana» permitió la comercialización de 4,6 millones de toneladas de soja y un ingreso de divisas al país de más de 2.000 millones de dólares.
La aplicación de la medida, aseguró el secretario, permitió que «los productores y las productoras recibieran un precio promedio casi un 40% mayor que el que percibían el 31 de agosto, lo que equivale prácticamente a una reducción a cero de los derechos de exportación» lo cual «motivó a que se aceleraran las ventas».
