Fue después de que el macrismo objetara el pedido de informes, en la causa «Gestapo» antisindical, argumentando que Leopoldo Moreau había actuado por su propia cuenta.
Ayer por la tarde el Plenario Bicameral de Inteligencia, ratificó la legalidad y validez de todos los actos llevados adelante por su presidente, el Diputado Nacional Leopoldo Moreau.
El respaldo se conoció después de una tarde en la que no faltaron los choques entre el Frente de Todos y el PRO, que con dos de sus referentes a la cabeza, Cristian Ritondo y Gerardo Milman, había objetado que el presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, pidiera informes a la Justicia de San Nicolás para saber si se había violado la ley de inteligencia en una investigación sobre dirigentes del gremio de Camioneros que habían bloqueado una distribuidora.
Desde el macrismo señalaban el pedido de informes como una interferencia indebida a la Justicia, alegando que Moreau había actuado por su propia cuenta.
Ayer por la tarde la Bicameral expresó que lo actuado por su presidente fue “en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas por la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional y el reglamento de funcionamiento interno de la comisión”.
Particularmente convalidaron lo actuado en relación con el caso de San Nicolás, donde recientemente el juez a cargo de la causa coincidió con el criterio de la comisión parlamentaria respecto de la necesidad de investigar la posible comisión de ilícitos, en la sustanciación del legajo fiscal de trámite en el expediente judicial.
A nivel de la Bicameral, lo que decían Milman y Ritondo era que Moreau había actuado por su propia cuenta, cuando días atrás Hugo Moyano denunció un supuesto complot de inteligencia macrista para dejar presos a tres dirigentes de su sindicato en San Pedro. Lo que llevó al presidente la Comisión Bicameral de Inteligencia Leopoldo Moreau a pedir por mail a la jueza de San Nicolás María Maiztegui una copia de la causa.
Tras esto, la jueza pidió licencia por problemas de salud y fue reemplazada por el juez Román Parodi, quien entendió que debía investigarse si hubo tareas de inteligencia ilegal en la causa contra los referentes de Camioneros.
En la previa del plenario, se presentaron tres denuncias contra Moreau e integrantes de la Bicameral en los tribunales de Comodoro Py: la primera la hizo Santiago Dupuy de Lome; la segunda fue de diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la tercera de Florencia Arietto, que oficia de abogada del dueño de la empresa de transporte de Gustavo Rey de San Pedro.
“Esta multiplicidad de denuncias la habíamos preanunciado. Dijimos que habría una ofensiva judicial con apoyo mediático. Es la práctica de una vendetta mafiosa”, le dijo Moreau a la prensa, tras conocerse la resolución que respaldó su accionar.
En la tarde de ayer también se tomó la determinación de avanzar con la citación a quienes podrían haber participado de la etapa inicial de persecución a los sindicatos, que comenzó luego de una reunión mantenida en mayo de 2017 en Casa Rosada, entre el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas con Mauricio Macri, el entonces presidente, y sus ministros: Patricia Bullrich (Seguridad), Rogelio Frigerio (Interior) Germán Garavano (Justicia), Guillermo Dietrich (Transporte) y Jorge Triaca (Trabajo). También estaba presente Gustavo Arribas, por entonces director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
