Diputadas, académicas, funcionarias y organizaciones se reunieron en un conversatorio para debatir estrategias que promuevan modificaciones legislativas y acciones en el Estado.
Para hacer frente al notable incumplimiento del pago de cuotas alimentarias en parejas separadas con hijos, se realizó en la Cámara de Diputados un “conversatorio” organizado por la diputada Jimena López, autora del proyecto de “Prestación Alimentaria Básica Parental”, y la Dirección de Igualdad.
La iniciativa de la diputada López (Frente de Todos – Buenos Aires) promueve la creación de un sistema nacional para garantizar el derecho fundamental a una prestación alimentaria básica para niñas, niños y adolescentes. Para ello crea un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, establece que sea el empleador quien retenga la cuota alimentaria y fija un monto universal en función de la canasta básica.
El proyecto surge en respuesta a que, al separarse, muchas madres se ven impedidas de acceder a la justicia para garantizar una prestación alimentaria básica, mientras que las que llegan tienen que reclamar judicialmente durante mucho tiempo para poder fijar una cuota o lograr su actualización.
Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina sólo 1 de cada 4 mujeres que no convive con el padre de sus hijos recibe los ingresos de la cuota alimentaria.
Desde Trenes Argentinos se sumaron a esta campaña de visibilización y en las pantallas de diferentes trenes exhiben un video con información y para concientizar sobre las implicancias en los hogares, ante incumplimientos del deber alimentario.
Durante el conversatorio realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, estuvieron exponiendo y participando la diputada Mónica Macha; la titular de AySA, Malena Galmarini; Josefina Kelly, del Ministerio de la Mujer, y las organizaciones “Mamás de hogares marentales” y “Familias monomarentales Argentinas”.
La diputada López abrió el encuentro señalando que “hemos presentado este proyecto hace un año y hoy estamos tratando de movilizar el tema y visibilizarlo. De hecho, en Chile se adelantaron con esta propuesta y plantean una pensión alimentaria. Hay miles y miles de niños y niñas que se crían a cargo de una sola adulta que se ve sobre-endeudada; con dos o tres roles laborales para poder llegar a fin de mes; que termina abandonando la pelea judicial porque no la puede sostener, y que incluso para quien la sigue, muchas veces la justicia no es justa. Por eso este proyecto viene, entre otros puntos, a automatizar al menos un “piso” inmediato y eficiente, para la fijación y cobro de cuota”.
“No podemos seguir teniendo familias que pasan años para conseguir una cuota, eso es violencia”, cerró Jimena López.
La diputada Mónica Macha (FdT-Buenos Aires), por su parte, expresó que “estamos llevando una batalla cultural para poder ubicar un lugar distinto para los varones. Muchos se corren de esa responsabilidad afectiva. Quienes se corren de la responsabilidad económica también se están corriendo del rol o responsabilidad emocional frente a sus hijos; y esta situación pone a la mujer en el rol de poder con todo”.
En tanto, Josefina Kelly, del Ministerio de la Mujer, expresó que “el incumplimiento de estas corresponsabilidades claramente es violencia económica y hasta me animaría a decir que es difícil escindirla de la violencia psicológica. Porque estar detrás de insistir para poder percibir esta cuota genera mucha angustia y no es un tema personal, sale en todos los encuentros y foros que es un problema colectivo”.
Para Maru Breard, Directora de Equidad de Género de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, “es importante remarcar que lo que sufren las mujeres cuando se incumple la cuota alimentaria, es violencia económica. Ninguna mujer puede salir de una situación de violencia si no sabe cómo va a llenar la heladera al día siguiente”.
Sabrina Cartabia, Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género de PBA, sostuvo que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales y a mujeres de todo el país. Frente tantos los obstáculos sistemáticos para acceder a la obligación alimentaria, se trata de un caso discriminación porque la mayoría de las que litigan alimentos son mujeres por la división del trabajo que tenemos en nuestro país”.
Laura Gomez Vizzoni de la organización Hogares Marentales, expuso: “Venimos varias compañeras de Salta, Catamarca y también de Buenos aires, creemos que es importante que se esté visibilizando porque es violencia económica. Maternar es toda una tarea y se hace en condiciones muy desfavorables. Fundamos Hogares Marentales porque ni siquiera existía el término. Las leyes son tendenciosas e ir a denunciar a un deudor alimentario, acceder a la justicia, es una misión imposible”.
Claudia Hasanbegovic, de XFEM, dijo esperar que “el proyecto de Jimena López sea sancionada, sería un avance. Y quiero señalar algunos desafíos que tenemos: debería crearse una oficina estatal encargada de llevar adelante los juicios de alimentos; no teniendo que ser las mujeres y las abogadas quienes investiguemos cuáles son los ingresos de los señores. Ya sea por inasistencia alimentaria o porque estos sujetos ocultan sus bienes”.
Fuente: El Parlamentario.
